Por Michael Humaña
En 1980, fraudulentamente, el dictador Pinochet impone la actual Constitución política del Estado. En 1981 la dictadura militar consolida el modelo neoliberal imponiendo reformas políticas de privatización de la salud (Isapres), previsión social (AFP) y en educación la ley de municipalización, que significo el traspaso de las escuelas y liceos fiscales a la administración de las municipalidades.
Un día antes del cambio de mando, el 10 de marzo 1990, Pinochet dicta una ley de “amarre”, la LOCE, institucionalizando legalmente la educación de mercado. Se consagra constitucionalmente la libertad de enseñanza (“libertad” que se efectúa en un campo de desigualdad: el que tiene más podrá acceder a mejor educación en colegios privados, y el que tiene menos, a las escuelas municipales y sus precariedades).
Posterior a la Revolución de los Pingüinos (2006), la Concertación y la Alianza por Chile (nueva y vieja derecha, respectivamente) promulgan la Ley General de Educación LGE, la cual disfraza la LOCE, pues mantienen la educación como una mercancía, el estado sigue desligando su responsabilidad en la educación. Todo a vista y paciencia de los dirigentes del colegio de profesores, quienes se habían paseado por el país, cual promotoras, hablando de los beneficios de la nueva ley, solo luego de promulgada, hicieron tibios discursos cuestionando el lucro en la educación, discursos que hoy son bandera de lucha en la derigencia del gremio.
La municipalización y privatización de los establecimientos educacionales hoy sobreviven gracias a la precariedad laboral generalizada del Magisterio, cesantía, flexibilidad laboral y pésimas condiciones para ejercer la docencia han agudizado los problemas históricos del profesorado tanto del sector municipal como del particular subvencionado y privado. Encontramos problemáticas generales comunes tales como: el exceso de horas de clases, recargas horarias infrahumanas, exceso de trabajo que irrumpe en nuestros hogares por la falta de horas de planificación, evaluación y preparación de material, un incremento alarmante de enfermedades mentales (stress, depresión, neurosis, etc.) y enfermedades profesionales no reconocidas por la legislación laboral vigente, exceso de estudiantes por aula, ausencia de carrera profesional docente, sueldos miserables, escasas posibilidades de perfeccionamiento real, falta de participación en la creación de políticas educativas a nivel nacional y en los propios establecimientos educacionales, son problemáticas que se arrastran desde la disolución forzada del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación – SUTE por la dictadura militar.
El carácter burocrático y dictatorial del Colegio de profesores A.G.
Fundado como instrumento de control social y contención del profesorado al servicio de la neoliberal libertad de enseñanza, hoy a casi 40 años de su creación por la dictadura militar, sus propósitos en esencia siguen intactos. Cuestión que se evidencia en su antidemocrático y burocrático accionar, incapaz de avanzar en reivindicaciones del profesorado y menos en las demandas estructurales que nuestro sistema requiere. A esto cabe destacar la baja participación de docentes, por la constante falta de información e ineficiencia en las negociaciones (estamos saliendo para atrás cada vez que el gremio negocia), sumado el nulo debate, reflexión y actualización de las políticas del gremio, el no limite que existe de reelección de cargos, la imposibilidad de revocarlos, la inexistencia de mecanismos de fiscalización del accionar de los dirigentes, del control presupuestario y el antidemocrático sistema electoral, develan el carácter burocrático y dictatorial de esta organización.
La tarea que nos viene.
Hoy es necesaria una organización democrática de los educadores de Chile, impulsando un Congreso refundacional del colegio de profesores, estableciendo como unidad fundamental (nuevas bases) a los sindicatos de trabajadores de la educación por comunidad educativa con carácter participativo, democrático y resolutivo con el fin de levantar un Sindicato Único de Trabajadores de la Educación que pueda luchar por:
Nuevo estado docente, mediante:
a) Asamblea Constituyente de los Trabajadores y Pueblos de Chile.
b) Que los Trabajadores y Pueblos de Chile puedan elegir el modelo educacional que nuestro país requiere.
b) Renacionalización de nuestras riquezas naturales.
c) Estatización de la Educación, considerando:
· Desprivatizar el sistema educacional
· Desmunicipalización y Estatización inmediata de Escuelas y Liceos.
· Establecer Constitucionalmente la educación como un derecho humano y al estado como responsable de otorgar ese derecho.
Para aproximarnos a estas propuestas estructurales creemos necesario dar los siguientes pasos:
· Actualizar y resolver las demandas del congreso nacional del colegio de profesores del año 1997, las que no han sido alcanzadas.
· Participación docente protagónica en las políticas educacionales, la dignificación de la carrera docente y la estabilidad laboral (no más profes a contrata).
· Contrato único, estatal e indefinido para todos los profesores y profesoras del sector municipal y particular subvencionado, pues es la única manera de que los fondos estatales destinados a remuneraciones lleguen efectivamente a los docentes, como también es la única forma de garantizar estabilidad laboral.
· Creación de un plan curricular nacional con la participación de todos los actores de la educación.
· Redefinición de las horas lectivas y no lectivas, alcanzando un 50% para cada actividad, con el fin de mejorar el desarrollo curricular de cada comunidad educativa.
Estas son algunas de las tareas por las cuales nos debemos organizar y conquistar los espacios que se encuentran cooptados por las organizaciones que defienden el actual estado de cosas. Los profesores nos tenemos que tomar la palabra, basta de esperar.
Arriba los Educadores Democráticos que Lucha por la Dignidad del Magisterio!!!
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